El Mantaro revive cuando usamos evidencias científicas en la toma de decisiones para el desarrollo integral.
El Mantaro revive cuando incluimos a la salud y al ambiente en nuestro enfoque de desarrollo.
El Mantaro revive cuando el Estado, las empresas y los ciudadanos vigilamos que nuestro ambiente este libre de contaminantes.
El Mantaro revive cuando promovemos el diálogo a favor del bien común.
El Mantaro revive cuando participamos en la toma de decisiones de los asuntos ambientales de nuestra comunidad.

lunes, 27 de febrero de 2012

La consulta previa, una papa caliente en la región andina

Luces y sombras de su vigencia

La Razón / Miguel E. Gómez Balboa
00:00 / 26 de febrero de 2012

La consulta previa indígena se ha convertido en una papa caliente para el gobierno de Evo Morales. ¿El motivo? La carretera que une Cochabamba y Beni, que en su segundo tramo parte en dos al Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); un proyecto que, precisamente, no fue consultado con los habitantes del reservorio.
Este derecho está avalado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y pretende el consentimiento libre, previo e informado de los “pueblos originarios y tribales” hacia medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos.
Esta salvaguarda apunta, sobre todo, a protegerlos de megaproyectos riesgosos en sus territorios, especialmente aquéllos relacionados con hidroeléctricas, minería, hidrocarburos, que ocasiona —per se— daños al medio ambiente. Inclusive, para cuidarlos de políticas que los perjudiquen en su educación, su salud, su tecnología, sus usos y costumbres.
Canadá es, sin duda, uno de los países con más pasos en el camino de la aplicación de este mecanismo. Lo hace con sus llamadas “primeras naciones”, a pesar de que menos del 0,4% de sus más de 31 millones de habitantes pertenece a las 600 tribus reconocidas en este Estado norteamericano regido por un sistema monárquico parlamentario federal.
Como muestra basta lo ocurrido el año pasado en una de sus diez provincias: Nueva Escocia, que realizó al menos 150 consultas previas. Es que las empresas prefieren hacerlas a tener que pagar o indemnizar a las aldeas afectadas por un emprendimiento extractivo, y a la par, así evitan protestas que desemboquen en la paralización o cierre del proyecto.
Pero los países pluriculturales del área andina —entre ellos Bolivia— no hallan la fórmula para aunar intereses estatales, gubernamentales, empresariales e indígenas en cuanto a la consulta previa. Por ello, en la mayoría de los casos, los “más fuertes” optan por distorsionarla, obviarla, negarla.   
Un diagnóstico publicado el año pasado por Oxfam y DPLF —el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— muestra luces y sombras en la implementación de este derecho. Un sobrevuelo por los resultados del informe ratifica que es una papa caliente polémica. Veamos: 
Colombia tiene 82 grupos étnicos —los indígenas dicen que son 102—   y la consulta previa no es tratada expresamente en su Constitución; está en un marco jurídico disperso y tiene una reglamentación inconclusa. Su vigencia no está garantizada pese a los fallos de la Corte Constitucional a favor de los indígenas, que frenaron megaproyectos y leyes congresales.
¿Los obstáculos? La falta de participación real de representantes indígenas en la creación de normas sobre el tema, y el conflicto armado y del narcotráfico, que lleva a la vulneración de derechos en las tierras indígenas, con la militarización progresiva y/o el desplazamiento forzado. El descontento se amplía por la vía libre      —sin consulta— a megaproyectos de infraestructura, desarrollo y minería.
En Ecuador, este derecho está constitucionalizado, pero el problema de su vigencia radica en que no ha sido plasmado en la legislación secundaria, en la institucionalidad estatal ni en el presupuesto público.
Además, la visión de Estado Plurinacional ha quedado relegada ante un modelo económico que no siempre comulga con la ecología y el respeto al territorio indígena. El diagnóstico sentencia que los planes de exploración y explotación de recursos naturales se realizan sin consulta previa ni consentimiento de los afectados. 
Las cosas no mejoran en Perú. En la nación vecina, de acuerdo con el informe, la normativa que directa o indirectamente ha abordado el asunto es dispersa, inadecuada e insuficiente, lo que perjudica a los ocho millones de habitantes que se consideran indígenas, de una población total de más de 28 millones de personas.
Asimismo, el interés de atraer inversión privada para el desarrollo de operaciones extractivas de recursos naturales en regiones andinas y amazónicas habitadas por pueblos originarios, va de la mano con la vulneración del derecho de consulta previa. El panorama no es alentador porque hay una política agresiva de dotación de concesiones petroleras en esas zonas.
En junio de 2009, los decretos para impulsar proyectos económicos en la provincia peruana de Bagua provocaron una rebelión indígena que acabó con una intervención policial que dejó 33 muertos. Es el peor episodio en la lucha por el reconocimiento de este derecho en la región, pero hasta hoy, la Ley Marco para su aplicación no ha sido consensuada.
¿Y qué pasa en Bolivia según este documento? El país de las 36 nacionalidades reconoce explícitamente a la consulta previa en su Carta Magna y en la Ley de Hidrocarburos. No obstante, queda pendiente hacer lo mismo en los campos de la explotación minera y forestal. Aparte, existe una “dispersión regulativa” del tema en las normas ambientales.   
Eso sí, un mal precedente es el fallo del Tribunal Constitucional de 2006, que tilda de inconstitucional el requisito de “lograr el consentimiento de las comunidades y los pueblos indígenas y originarios” para los emprendimientos hidrocarburíferos, ya que la finalidad de la consulta apuntaría a cuantificar los daños, pero no obtener el consentimiento indígena.
El diagnóstico advierte sobre el debilitamiento de la representación indígena de Evo Morales si se prefiere atraer inversión, apartando la apuesta por el consenso y la participación de su base indígena en el diseño y consolidación del Estado Plurinacional. En síntesis, los desafíos del Estado y del Gobierno pueden ser enfrentados mediante procesos de consulta previa.
Este pronóstico fue dictado antes del conflicto del TIPNIS, pero no está alejado de la actualidad. Al final, la recomendación es que Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador incluyan a los indígenas en el proceso de implementación de la consulta previa. Todo pasa por una voluntad política. Si no, la papa caliente puede generar tensión, conflictos y polarización social.

Fuente: Diario La Razón (Suplemento: Animal político) - Bolivia

miércoles, 22 de febrero de 2012

Propuesta de Ley de congresista Casio Huaire

video
Esta nota periodística presenta los por menores del contenido de la propuesta del congresista por Junín, Casio Huaire. saquemos nuestras propias conclusiones.... Esperamos sus comentarios.

Gobiernos regionales piden no dilatar más reglamentación de Ley de Consulta Previa

Aboga por agotar todos los esfuerzos de diálogo15:15     
Lima, feb. 22 (ANDINA). La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) abogó hoy por no dilatar más la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta Previa, por considerar que perjudica a los propios pueblos nativos que carecen de una norma que proteja sus derechos.
César Villanueva, presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales. Foto: ANDINA/archivo
César Villanueva, presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales. Foto: ANDINA/archivo

César Villanueva, presidente de esta asamblea, invocó a las partes comprometidas a agotar todos los esfuerzos de diálogo para lograr una reglamentación consensuada, que permita aplicar esa norma y prevenir conflictos sociales.
Pidió, en ese sentido, a las organizaciones nativas que piden modificar la Ley de Consulta, antes de aprobar la reglamentación, resolver sus dudas e inquietudes en la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el reglamento.
“Retroceder nuevamente pone en riesgo a ellos mismos, porque mientras no haya una norma como ésta en funcionamiento, ellos no tienen un marco por donde canalizar sus preocupaciones”, declaró a la Agencia Andina.
La ley de Consulta Previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece las consultas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
Villanueva también señaló que el Ejecutivo, a través de sus representantes en la comisión multisectorial, debe evaluar todas las propuestas presentadas por las organizaciones nativas y buscar incorporarlas en el reglamento.
“Y estas organizaciones, al final, deben sentarse a la mesa a conversar, porque no hay otro camino”, añadió.
El presidente regional de la región San Martín también resaltó que esta ley no será un elemento que ponga en riesgo las inversiones, sino por el contrario alentará el ingreso de capital privado pero con responsabilidad social.
Por ello, insistió en agotar todos los canales de diálogo para resolver las diferencias que aún existan.
En los últimos días algunas comunidades nativas, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep), han puesto objeciones a la reglamentación porque piden que se modifique previamente la ley, pese a que en su momento respaldaron su promulgación.
El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, garantizó esta semana que el proyecto de reglamento incorpora las preocupaciones y propuestas de todas las comunidades nativas del país.
Recordó que las organizaciones que manifestaron algunos reparos a este proceso, han participado en las consultas impulsadas por el Ejecutivo con la finalidad de recoger sus propuestas e incorporarlas al proyecto de reglamento.
(FIN) CVC/GCO
 
Otra nota relacionada:
 
Modificación al reglamento de Ley de Consulta Previa depende solo del Legislativo (21 de febrero de 2012)

martes, 21 de febrero de 2012

Presidente de CONACAMI afirma: “Hubo mala fe de parte del Estado”

La tan esperada reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece no cubrir expectativas del pueblo.

“Hubo mala fe de parte del Estado”, afirmó Magdiel Carrión, presidente de la  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), elevando así un severo cuestionamiento hacia el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa. “Hubo un maltrato total hacia las poblaciones, no se ha cumplido con todos los días señalados para brindar la información, para que la gente tenga un conocimiento claro sobre la ley”, sostuvo sobre esta la iniciativa legal que intenta conciliar los intereses de los pueblos indígenas con los del Estado.
Recientemente Carrión, junto con otros representantes de organizaciones indígenas como La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacionalo Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), criticaron esta ley enfatizando dos puntos cruciales: quiénes serán los sujetos de la consulta, y además quién tendrá la última palabra cuando este proceso se realice.
“El artículo 15 señala que si es que no hay acuerdo entre el Estado y los pueblos, al final la decisión la toma el gobierno”, explicó Carrión, en entrevista para el programa Pasando Revista. El otro artículo materia de observación por CONACAMI, el número 7, “señala que tienes que ser identificado como pueblo indígena para consultarte. Allí el problema es sobre cuáles son los pueblos indígenas y cuáles no”.
La posición que reveló Carrión en el programa es a favor de una ley en la que las comunidades tengan la posibilidad de hacer respetar sus decisiones por encima de los intereses del Estado, la cual pueda ser ampliada hacia todas las poblaciones, indígenas o no, y que constituya un mecanismo para preservar los recursos naturales. “Sabemos que esta ley de consulta ha sido un avance, pero esta tiene que proteger la determinación de los pueblos, asimismo los recursos naturales. La ley de consulta ahora no garantiza la preservación de estos recursos”, señaló.
¿Una salida intermedia?
¿Hay una forma en la que se pueda avanzar en la reglamentación de la Ley de Consulta sin truncar el diálogo? Preguntó el analista político Javier Torres, señalando además que las demandas de las organizaciones demandantes excede a los planteamientos del convenio con la OIT sobre la implementación de las leyes de consulta.
Para Torres, el debate de fondo es sobre modelos de desarrollo que se contraponen, sobre los cuales -a pesar de todo- el Estado deberá realizar consultas a la población “para establecer un punto de negociación”. ¿Es viable en este momento una modificación de la ley?, deslizó la pregunta en el programa.¨Si no hay una modificación, no puedes armar un reglamento¨, respondió Carrión.
Sobre el futuro de el proceso de reglamentación de esta ley, que ha entrado en un estancamiento con las decisiones tomadas por representantes de las organizaciones indígenas, Carrión advirtió que “se restablecerá el diálogo siempre y cuando se escuche a los pueblos”.

Ver mas en: http://lamula.pe/2012/02/20/presidente-de-conacami-afirma-ha-habido-mala-fe-de-parte-del-estado/esteban2500

Tribunal nacional de justicia hídrica sanciona a 5 mineras


El pasado viernes 10 de febrero de 2012, como parte de las acciones principales que acompañaron a la Marcha Nacional del Agua y la Vida, se inició la Primera Sesión del Tribunal Nacional de Justicia Hídrica, con el nombramiento de la Mesa del Tribunal conformada por José De Echave, Presidente; Marlene Castillo, Relatora; Alonso Ramírez, Moderador.

El objetivo de la Mesa, es recoger información directa de los representantes de casos emblemáticos nacionales afectados, identificar la responsabilidad de las empresas mineras en la afectación ambiental y de los derechos de los pueblos y emitir sanciones éticas y recomendaciones.

Este hecho marca un hito, pues es la primera vez que en el Perú se recogen y analizan las quejas y preocupaciones legítimas de poblaciones locales sobre los impactos que están generando las empresas mineras en sus fuentes de agua.

En la primera Sesión, se recogieron 5 casos que han permitido evidenciar la urgencia de regular de manera más rigurosa la gestión de los recursos hídricos en zonas mineras. El Tribunal informó que está abierto para seguir recogiendo más casos.

Empresas Mineras sancionadas
1. Southern Peru Cooper Cooperation por el Proyecto Tía María en Arequipa.
2. Barrick Misquichilca SA por el Proyecto Laguna Sur en La Libertad.
3. Yanacocha SRL por el Proyecto Conga en Cajamarca.
4. Miski Mayo - VALE por el Proyecto Mogol en Cajamarca.
5. Grupo Zijin por el Proyecto Río Blanco en Piura y Cajamarca.


Fuente: Nota de prensa del Tribunal Nacional de Justicia Hídrica del 13 de febrero de 2012

miércoles, 15 de febrero de 2012

Junín: Aguas residuales de minera cerrada contaminan Valle del Mantaro


14 de febrero de 2012 | 07:52 p.m.
Edvan Ríos - web@epensa.com.pe

Huancayo -


Pese a que hace 26 años se cerró la mina de la desaparecida empresa "Río Pallanga", esta dejó abandonada más de 20 pasivos ambientales.
Las aguas ácidas de la mina, ubicada en el sector de Peña Blanca, se vierten en más de 15 m3 por minuto al río San Pedro, en la cuenca alta del río Mantaro, en las alturas del distrito de Santa Barbará de Carhuacayan.

En el denominado nivel 1300 se vierte agua amarillenta de dos socavones, que llega en un recorrido de casi dos kilómetros y desemboca al río San Pedro, que es utilizado en la zona para la ganadería y agricultura.

Varios kilómetros más abajo se une al río Cascahcancha formando el Carhuacayan, el cual en el sector de Puronic se une al río Mantaro que riega todo el valle.
En el último informe que el Banco Mundial emitió sobre la problemática ambiental del sector minero en el Perú, ubicó a Carhuacayan como una de las ciudades a nivel nacional con mayores pasivos ambientales mineros.

 (Con información de Mario Huarcaya)

Fuente: Diario Correo de Huancayo


lunes, 13 de febrero de 2012

Marcha por el Agua culmina con entrega de dos proyectos de ley al Congreso

Un éxito. Primera propuesta legislativa se refiere a la preservación de las cabeceras de cuenca, mientras que la segunda está relacionada con la declaración del país libre de minería a tajo abierto, y la prohibición del uso de cianuro.

Elízabeth Prado.

Con una movilización que se extendió por más de diez cuadras, la entrega de dos proyectos de ley al Congreso de la República, y la realización de un mitin multitudinario en la Plaza San Martín, además del desarrollo de un Tribunal Hídrico, culminó la Marcha Nacional por el Agua.

Al grito de ¡Conga no va! los marchantes partieron de la Plaza Dos de Mayo a las 3.20 de la tarde encabezados por  Wilfredo Saavedra, Ydelso Fernández, Jorge Spelucín, y  Edy Benavides. Unas cuadras después se les unieron Marco Arana y el presidente regional Gregorio Santos.

Disciplinados por estrictos ronderos, los manifestantes enrumbaron hacia la avenida Grau y luego Abancay con la intención de alcanzar la sede del Congreso de la República.

Sin embargo en el cruce con Nicolás de Piérola, un cordón policial les impidió el paso, lo cual obligó a que un grupo de congresistas, en su mayoría de la bancada nacionalista, les diera el encuentro en esta intersección.

Allí estaban Natali Condori, por Tacna, Jaime Valencia, por Moquegua, Verónika Mendoza y Rubén Coa, por Cusco. También Jorque Rimarachín, representante por Cajamarca, y Claudia Coari, por Puno, así como el congresista del Parlamento Andino Alberto Adrianzén.

"Estamos aquí para recibir dos iniciativas legislativas de parte de la comisión nacional de la Marcha por el Agua para sumarlas a otros proyectos presentados en el Congreso", dijo Natali Condori, quien consideró que el gobierno está mostrando voluntad en solucionar los conflictos socioambientales y que está estableciendo el camino para el reordenamiento territorial.

Por su parte, Alberto Adrianzén manifestó que su presencia en la marcha era para exigir transparencia en toda la negociación del caso Conga. "Yo espero que el gobierno recapacite y establezca negociaciones claras con los compañeros de Cajamarca", anotó.

En la Plaza San Martín se les unió el congresista Javier Diez Canseco, quien también se pronunció por una rectificación de rumbos en el gobierno.

"Tiene que aceptar que el peritaje del proyecto Conga debe ser aceptado por todos, y debe haber diálogo con las organizaciones sociales", reclamó Diez Canseco.

El mitin empezó con la entrega de proyectos de ley a los congresistas. "Esta es la voz del pueblo y que se cumpla", señaló Marco Arana al momento de poner los documentos en manos de los parlamentarios,  palabras que ocasionaron un estruendoso ¡Conga no va! de parte de los manifestantes.

"Estas son las propuestas que debe escuchar el Congreso y no los hechos y firmados en cuatro paredes a espaldas del Perú", afirmó el congresista Jorge Rimarachín en su intervención. Dijo que en los próximos días presentará un proyecto de ley para reformar la Constitución, en el que el Agua sea derecho fundamental de la persona.

El Tribunal hídrico

Durante el desarrollo del Tribunal de Justicia Hídrica, los marchantes exigieron al gobierno la protección inmediata de las cabeceras de cuenca y amenazaron con iniciar una huelga nacional indefinida de no ser escuchados.

Este tribunal vio los casos Tía María-Southern, Lagunas Sur-Barrick, Conga-Yanacocha, Mogol-Misky Mayo y Río Blanco-Zi Jin.
Durante el acto, José de Echave dio lectura a las sanciones éticas para las mineras y recomendaciones para las autoridades vinculadas a la Ley de Recursos Hídricos y a las decisiones del pueblo. También solicitó una auditoría a los 18 años de minería en la región de Cajamarca.
Otárola propone que se entreguen propuestas al Acuerdo Nacional

El portavoz de la bancada de Gana Perú, Fredy Otárola, pidió a los organizadores de la Gran Marcha del Agua a presentar sus propuestas al foro del Acuerdo Nacional, el cual elaborará los lineamientos de la política sobre los recursos hídricos.

Otárola señaló que es preferible sostener un debate técnico antes que caer en políticas coyunturales, pese a que existe libertad de movilización. Hace pocos días, se manifestó en contra de la marcha esperando que fracase.

Según el reporte de febrero de la Defensoría del Pueblo, diez nuevos conflictos sociales surgieron en enero de este año. Siete de estos son de carácter socioambiental. Puno y Áncash tienen 21 conflictos cada uno.

Fuente: Diario La República, sá

martes, 7 de febrero de 2012

Reacciones del Gobierno en el marco de la Marcha Nacional del Agua

Nota de Prensa
Lima, 4 de febrero de 2012

Reacciones del Gobierno en el marco de la Marcha Nacional del Agua

Humala se pasa de largo reglamentación de Consulta Previa. Castilla dice sí o sí a proyecto Conga

Esta semana hubo algunas reacciones del Gobierno en el marco de la Marcha Nacional de Agua, el presidente Ollanta Humala señaló  que “ningún proyecto se paralizará por la consulta previa, y que esto no es un pretexto para que se detenta la inversión”, en referencia a la falta de la reglamentación de la ley que debió estar listo en diciembre pasado. Por su parte el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, dijo que “el peritaje de Conga no incluirá revisión de Estudio de Impacto Ambiental”. Mientras el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, señalaba días previos que “en Cajamarca sobra el agua y que la marcha no contribuye al  desarrollo del país”.

Así, otra vez el presidente Ollanta Humala se contradijo al “ordenar” que ningún proyecto se paralice por esperar la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta Previa. Hay que recordarle al presidente que en agosto del año pasado decía en su cuenta del twitter: “El derecho a la consulta previa sobre del desarrollo de los pueblos indígenas es un signo más de inclusión social. Forjamos un Perú para todos”. Al respecto, Emma Gómez de Cooperacción, considera que  “hay una lectura equivocada del presidente Humala sobre la Consulta Previa, la cual está siendo considerada como un obstáculo para la inversión privada más que un imperativo para que las empresas extractivas cumplan con los estándares ambientales y sociales de una inversión seria y que respeten los derechos de las poblaciones en las zonas de influencia”.

Gómez dijo además que Humala está generando bombas de tiempo. “El gobierno está mostrando una mirada intransigente ante los conflictos que se generan por la minería. Al no darle información a la población sobre los pro y los contras de los proyectos, estos se le imponen y se generan los problemas”.  Recordemos que hay varios proyectos en stand by como el de Tía María cuyo estudio de impacto ambiental fue rechazado por serias deficiencias técnicas que se evidenciaron con la intervención de la UNOPS, o como el proyecto Río Blanco, en Piura, donde la minera Zijin quiere imponerse y realizar su actividad en una zona de páramo, una zona muy vulnerable ya que abastece de agua a la región.

“El gobierno le hace creer a la población que al paralizar un proyecto minero se está ahuyentando la inversión extranjera. No se está evaluando la vialidad social de los proyectos. Cree además que acelerando los procesos van a mejorar. La gente está cansada de que los proyectos se impongan, de que no se mida las alternativas de desarrollo. Conga es un caso emblemático que plantea una serie de reformas”, agregó Gómez.

“Entonces, ¿qué evaluarán los peritos? Al final, el peritaje será un saludo a la bandera”
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla dijo que el peritaje internacional que se realizará al proyecto Conga “sólo incorporará medidas adicionales para hacer viable la inversión” lo que significa que Conga se impone sí o sí. “Lo más fácil hubiera sido cancelar el proyecto, pero estamos buscando la forma de hacerlo viable”, agregó Castilla. 

El especialista en temas mineros, José De Echave opina que  estas declaraciones no ayudan a generar un clima de confianza en la población. “Entonces, ¿qué evaluarán los peritos? Es un absurdo lo que planeta Castilla. Al final, el peritaje será prácticamente un saludo a la bandera”.

Hay que recordar, dice De Echave, que la sugerencia de que expertos internacionales intervinieran en Conga nació del informe que se trabajó en el Ministerio del Ambiente. “Lo que se buscaba era tener una posición imparcial sobre el proyecto. Pero la situación se planteó de manera abierta. Ahora, con lo dicho por el ministro, no hay ninguna negociación posible. Bajo esas condiciones el peritaje no aportará nada, agregó.

Otras bombas de tiempo
Similares bombas de tiempo como la de Conga están latentes en el Sur del país, en Puno, Cuzco donde se quieren imponer concesiones mineras, en Tacna y Moquegua. “Hay una política de continuidad, dice De Echave. Este era el gobierno de la gran transformación y al final está siguiendo lo de otros gobiernos”.

Día 4 en Trujillo. Marcha Nacional del Agua partirán  mañana rumbo a Ancash
El día de hoy en la mañana, un contingente conformado por 2,000 personas, entre hombres, mujeres hicieron un recorrido por las principales calles de Trujillo, recorrieron el anillo vial de la Av. España,y terminó en un mitin en la Plazuela La Merced, este recorrido congregó a más de 5 mil personas. La población ha dado buena muestra de acogida a los marchantes, muchos de ellos, durante el recorrido el recorrido les ofrecían agua, alimentos, gorros, otros, como muestra de apoyo y solidaridad a esta movilización.

Entre las 4:00 y 7:00 p.m. se desarrollará un Foro Público “Por la Defensa del Agua” en la plaza mayor de la ciudad, donde se hablará de los problemas del desarrollo, la minería y el agua de estas poblaciones afectadas.  Y en horas de la tarde se realizarán “diálogos ciudadanos” en varios parques de Trujillo, con la finalidad de explicar a la ciudadanía los motivos de la marcha y la problemática del agua.

Mañana partirán hacia la provincia del Santa (Ancash) a las 6:00 a.m., el contingente de caminantes estará conformado por más 1,200 personas, entre hombres, mujeres. Estarían llegando aproximadamente a las 10 de la mañana, donde serán recibidos por ronderos de Quiruvilca y Santiago de Chuco, y otras organizaciones sociales, como: Frente de Organizaciones Agrícolas del Santa, Junta de Usuarios del Santa, Escuela Agua Limpia, Sindicato de Pescadores de Chimbote; Comisión de Justicia Social, Asociación de Pescadores de Qoscoy; Asociación de Pescadores San Pedrito, Frente de Defensa y Desarrollo del Santa, Sutep; Sindicato de Obreros, otros, así lo señaló Marielena Foronda, de la Ong Natura de Chimbote, quien sostuvo que a las 3:00 de la tarde se movilizarán hacia Chimbote.

Cabe señalar, que a la marcha se han unido campesinos de Lambayeque, Piura, San Ignacio y Cutervo. De Trujillo, procedentes de Huamachuco, Quiruvilca y Santiago de Chuco, además de más de 20 organizaciones gremiales, rondas campesinas, representantes de frentes en defensa del agua del norte del Perú. En total, 120 organizaciones de las macroregiones norte, centro, sur y oriente, así como de Lima, Lima provincias y Callao,  se han unido a la iniciativa. 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN



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sábado, 4 de febrero de 2012

La Oroya espera salud, trabajo y buenas condiciones ambientales



La ciudad de La Oroya espera un cambio y que el Gobierno peruano se muestre a la altura de garantizar trabajo y salud por encima de cualquier presión económica de la minera estadounidense Doe Run.

La reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya, sin las condiciones mínimas, repetiría la historia de contaminación, según dijo Oxfam América en un video titulado "La Oroya: a la espera de un cambio".

"Cuánto quisiéramos que en nuestro cielo esté trabajando aún la empresa, cualquiera que venga", dijo una oroyina. La minera suspendió sus operaciones en 2009 por no cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

Como se recuerda, Doe Run interpuso una demanda por arbitraje internacional por 800 millones de dólares contra Perú, amparándose en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

fuente: http://www.larepublica.pe/04-02-2012/la-oroya-espera-salud-trabajo-y-buenas-condiciones-ambientales (LaRepublica.pe)

miércoles, 1 de febrero de 2012

La Oroya ¿derecho al trabajo o derecho a la salud?

Escrito por cooperaccion.org.pe




Si bien se han reiniciado las reuniones de la Mesa de Diálogo para el reasentamiento de Morococha, las organizaciones sociales incluidas no cuentan con el respaldo de la población y es por ello que existe mucha desinformación y preocupación en torno al tema. Se teme que el Alcalde y los funcionarios públicos no tengan una visión de futuro clara en el tema del reasentamiento y estén poniendo en riesgo la sostenibilidad de su distrito.

Por otro lado y no menos grave, es la multa y notificación del Poder Judicial a Chinalco para el cese de construcción de la nueva ciudad por no tener licencia de construcción, dándole con ello la razón a la Municipalidad de Morococha

Morococha

Sobre La Oroya se sigue diciendo mucho, sin embargo, en un tema tan importante como el de salud, se ha avanzado poco. Como sabemos, el complejo metalúrgico no opera desde mediados del 2009 y la población está libre de los humos tóxicos que se emitían las 24 horas del día, pero al parecer el complejo va a volver a contaminar legalmente y Doe Run Perú se estaría preparando para ello y le habría planteado al Estado peruano un plan de reestructuración del complejo metalúrgico que implicaría nuevo plazos y nuevas concesiones a
la empresa, como un premio más a sus incumplimientos ambientales.

El Estado peruano, debe garantizar una vida sana y un trabajo digno para La Oroya, hoy más que nunca se hace necesario y urgente, implementar medidas de prevención y atención a personas intoxicadas por metales pesados y establecer programas de vigilancia epidemiológica y ambiental en la ciudad.

Por otro lado, los comerciantes de La Oroya han recuperado sus ventas por la presencia de las services de Chinalco instalados en la ciudad, pero esto ha ocasionado el alza del costo de vida (por el incremento de los precios de los productos de primera necesidad) y la inseguridad ciudadana.

Lunes 30 de Enero de 2012 22:30 -