Lunes 02 de abril del 2012 | 07:19
La empresa presentó al Indecopi su plan de reestructuración y exige que el Gobierno pague indemnizaciones por más de US$800 millones, como condición para cumplir programa ambiental.
Doe Run no ha cumplido compromisos ambientales y ahora pretende que el Estado asuma los costos. (Perú21)
En una más de sus múltiples acciones para evadir sus compromisos, la empresa
Doe Run (DR) ha planteado nuevas condiciones para cumplir con su plan ambiental, cuyo plazo concluyó en marzo.
En el
plan de reestructuración presentado el jueves de la semana pasada ante la Comisión de Procedimientos Concursales del
Indecopi, la compañía exige al Estado que asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación en
La Oroya contra Renco, el principal accionista de DR.
Una fuente del Ejecutivo allegada al proceso concursal señaló a Perú21 que, actualmente, esa demanda nos costaría US$800 millones, pero que podría ser mayor, dado que Doe Run ha exigido que el Perú asuma dicho pago “sin limitaciones”, según el plan de reestructuración.
Si el Gobierno acepta esta condición, Renco estaría dispuesto a dar los US$65 millones que faltan para financiar la construcción de la planta de ácido sulfúrico, uno de los compromisos incumplidos por Doe Run, a pesar de las ampliaciones que le otorgó el Congreso para terminar con el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), explicó.
Por su parte, la suiza Glencore daría los US$135 millones restantes para la obra.
MOVIDAS LEGALES
Ira Rennert, dueño de Renco, ha intentado vincular al Estado peruano en el juicio de Missouri. Por ello, pidió a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) que se inicie un proceso de arbitraje “para que el Perú asuma estas obligaciones”, dijo la fuente.
Según el plan presentado ante el Indecopi, el financiamiento de Renco para la planta de ácido sulfúrico también está condicionada a que dicho tribunal se pronuncie sobre el pedido.
“El segundo punto del arbitraje radica en que la corte se pronuncie sobre supuestos actos de discriminación contra DR por el Estado peruano, por haber afectado sus inversiones y operaciones”, comentó.
NO SABEMOS
Al respecto, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, dijo a este diario que él no puede pronunciarse sobre las condiciones presentadas por Renco.
“Ellos deben estar pidiendo algún tipo de entendimiento relacionado a ese tema con el Estado en general. No podría hablar sobre el caso en particular, porque, al igual que los proveedores mineros, están Renco, Glencore, etc., y cada uno puede plantear algunas condiciones”, manifestó.
Mogrovejo insistió en que, para poder ejecutar el programa ambiental, se necesita de una ampliación del plazo por 30 meses más a partir del reinicio de las operaciones.
Según el directivo, la empresa ha invertido US$313 millones en proyectos ambientales, hecho que debería ser tomado en cuenta por el Gobierno para la extensión del PAMA.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Parlamento,
Luis Galarreta, sostuvo que el Gobierno ya hizo su parte en el caso Doe Run, “por lo que sería nefasto para los intereses del país aceptar estas condiciones”.
“DR siempre ha puesto al Estado contra la espada y la pared, al poner en frente a los 3,500 trabajadores de la zona andina. Otra inversión debe ir a La Oroya y hacer un plan de reconversión laboral”, anotó.
POR DEFINIR
Para el Ejecutivo, el plan de Doe Run no hace más que demostrar que la empresa no quiere reanudar sus operaciones. Por el contrario, buscan afectar al Estado y a los trabajadores.
El plan de reestructuración debe ser aprobado por la Junta de Acreedores antes del 12 de abril, mientras que la empresa ha prometido a sus empleados que volverá a funcionar el 1 de mayo próximo.
