Tras conocerse la sanción aplicada en Estados Unidos a las empresas Doe Run, Fluor Corp y A.T. Massey Coal, de pagar 358.5 millones de dólares como indemnización a diversos pobladores de la ciudad de Herculaneum, en el estado de Sant Louis, debido a daños a la salud ocasionados por una fundición de plomo, diversos especialistas y personalidades esperan que la medida se replique en el Perú.
Según medios estadounidenses, el pasado jueves 16 pobladores afectados recibieron 38,5 millones de dólares por daños ocasionados a la salud y pérdidas por la contaminación entre los años 1986 y 1994. Un día después, recibieron una indemnización de 320 millones por la negligencia de los antiguos propietarios de la fundidora.
Actualmente nuestro país mantiene un arbitraje internacional con Doe Run Perú (DRP) que, pese a incumplir sus principales obligaciones ambientales, presentó una demanda contra el Estado por 800 millones de dólares.
Frente a la sanción impuesta en EE.UU., la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que durante su funcionamiento, DRP afectó -como en Herculaneum- a los pobladores de La Oroya, sobre todo a las personas con mayor vulnerabilidad como los niños de la zona.
“La cifra de la condena en los Estados Unidos evidencia la gravedad de la contaminación por plomo, en particular en niños y niñas, demostrando una vez más la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Missouri y en La Oroya”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA. “Por ello insistimos en las medidas que están pendientes en La Oroya para atender esta situación”, puntualizó.
Por su parte, Ramón Rivero, del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), calificó como ejemplar esta sanción que debería tomarse como referencia para situaciones similares, como en el ocurrido en el Perú.
“Habría que preguntarnos si las medidas dispuestas por el Estado peruano a la fecha, con relación a los daños de DRP en La Oroya, contiene esta lógica reparatoria”, agregó el especialista.
Por su parte, monseñor Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo y defensor del derecho a la salud en La Oroya, saludó la sanción impuesta en Estados Unidos a Doe Run. “Es la única manera para que las empresas mineras tengan una auténtica responsabilidad social y que actúen con normas éticas y morales”, dijo.
Barreto Jimeno invocó al Gobierno peruano, al Poder Judicial y a la población de La Oroya a que comprendan que por encima de todo está la vida y la salud.
Doe Run Resources Corporation es subsidiaria de Renco Holding Company, cuyo dueño es el empresario Ira Rennert. La empresa operó en el Complejo Metalúrgico de La Oroya de 1997 a 2009, fecha en que fue paralizada debido a problemas financieros y ambientales.
