La consulta previa indígena se ha convertido en una papa caliente para el gobierno de Evo Morales. ¿El motivo? La carretera que une Cochabamba y Beni, que en su segundo tramo parte en dos al Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); un proyecto que, precisamente, no fue consultado con los habitantes del reservorio.
Este derecho está avalado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y pretende el consentimiento libre, previo e informado de los “pueblos originarios y tribales” hacia medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos.
Esta salvaguarda apunta, sobre todo, a protegerlos de megaproyectos riesgosos en sus territorios, especialmente aquéllos relacionados con hidroeléctricas, minería, hidrocarburos, que ocasiona —per se— daños al medio ambiente. Inclusive, para cuidarlos de políticas que los perjudiquen en su educación, su salud, su tecnología, sus usos y costumbres.
Canadá es, sin duda, uno de los países con más pasos en el camino de la aplicación de este mecanismo. Lo hace con sus llamadas “primeras naciones”, a pesar de que menos del 0,4% de sus más de 31 millones de habitantes pertenece a las 600 tribus reconocidas en este Estado norteamericano regido por un sistema monárquico parlamentario federal.
Como muestra basta lo ocurrido el año pasado en una de sus diez provincias: Nueva Escocia, que realizó al menos 150 consultas previas. Es que las empresas prefieren hacerlas a tener que pagar o indemnizar a las aldeas afectadas por un emprendimiento extractivo, y a la par, así evitan protestas que desemboquen en la paralización o cierre del proyecto.
Pero los países pluriculturales del área andina —entre ellos Bolivia— no hallan la fórmula para aunar intereses estatales, gubernamentales, empresariales e indígenas en cuanto a la consulta previa. Por ello, en la mayoría de los casos, los “más fuertes” optan por distorsionarla, obviarla, negarla.
Un diagnóstico publicado el año pasado por Oxfam y DPLF —el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— muestra luces y sombras en la implementación de este derecho. Un sobrevuelo por los resultados del informe ratifica que es una papa caliente polémica. Veamos:
Colombia tiene 82 grupos étnicos —los indígenas dicen que son 102— y la consulta previa no es tratada expresamente en su Constitución; está en un marco jurídico disperso y tiene una reglamentación inconclusa. Su vigencia no está garantizada pese a los fallos de la Corte Constitucional a favor de los indígenas, que frenaron megaproyectos y leyes congresales.
¿Los obstáculos? La falta de participación real de representantes indígenas en la creación de normas sobre el tema, y el conflicto armado y del narcotráfico, que lleva a la vulneración de derechos en las tierras indígenas, con la militarización progresiva y/o el desplazamiento forzado. El descontento se amplía por la vía libre —sin consulta— a megaproyectos de infraestructura, desarrollo y minería.
En Ecuador, este derecho está constitucionalizado, pero el problema de su vigencia radica en que no ha sido plasmado en la legislación secundaria, en la institucionalidad estatal ni en el presupuesto público.
Además, la visión de Estado Plurinacional ha quedado relegada ante un modelo económico que no siempre comulga con la ecología y el respeto al territorio indígena. El diagnóstico sentencia que los planes de exploración y explotación de recursos naturales se realizan sin consulta previa ni consentimiento de los afectados.
Las cosas no mejoran en Perú. En la nación vecina, de acuerdo con el informe, la normativa que directa o indirectamente ha abordado el asunto es dispersa, inadecuada e insuficiente, lo que perjudica a los ocho millones de habitantes que se consideran indígenas, de una población total de más de 28 millones de personas.
Asimismo, el interés de atraer inversión privada para el desarrollo de operaciones extractivas de recursos naturales en regiones andinas y amazónicas habitadas por pueblos originarios, va de la mano con la vulneración del derecho de consulta previa. El panorama no es alentador porque hay una política agresiva de dotación de concesiones petroleras en esas zonas.
En junio de 2009, los decretos para impulsar proyectos económicos en la provincia peruana de Bagua provocaron una rebelión indígena que acabó con una intervención policial que dejó 33 muertos. Es el peor episodio en la lucha por el reconocimiento de este derecho en la región, pero hasta hoy, la Ley Marco para su aplicación no ha sido consensuada.
¿Y qué pasa en Bolivia según este documento? El país de las 36 nacionalidades reconoce explícitamente a la consulta previa en su Carta Magna y en la Ley de Hidrocarburos. No obstante, queda pendiente hacer lo mismo en los campos de la explotación minera y forestal. Aparte, existe una “dispersión regulativa” del tema en las normas ambientales.
Eso sí, un mal precedente es el fallo del Tribunal Constitucional de 2006, que tilda de inconstitucional el requisito de “lograr el consentimiento de las comunidades y los pueblos indígenas y originarios” para los emprendimientos hidrocarburíferos, ya que la finalidad de la consulta apuntaría a cuantificar los daños, pero no obtener el consentimiento indígena.
El diagnóstico advierte sobre el debilitamiento de la representación indígena de Evo Morales si se prefiere atraer inversión, apartando la apuesta por el consenso y la participación de su base indígena en el diseño y consolidación del Estado Plurinacional. En síntesis, los desafíos del Estado y del Gobierno pueden ser enfrentados mediante procesos de consulta previa.
Este pronóstico fue dictado antes del conflicto del TIPNIS, pero no está alejado de la actualidad. Al final, la recomendación es que Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador incluyan a los indígenas en el proceso de implementación de la consulta previa. Todo pasa por una voluntad política. Si no, la papa caliente puede generar tensión, conflictos y polarización social.
Fuente: Diario La Razón (Suplemento: Animal político) - Bolivia
No hay comentarios:
Publicar un comentario